Algunas de las 62 medidas que integran el paquete de poli?ticas del denominado Primer Plan de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero, lanzado en Chile para enfrentar el cambio climático son, elevar las exigencias para las centrales termoeléctricas, aumentar la infraestructura de transporte ferroviario y desarrollar el autoconsumo con energi?as renovables no convencionales en el comercio y residencias particulares.
La propuesta, que está en consulta pública, es liderada por el Ministerio de Energía , en la que participaron las carteras de Medio Ambiente, Mineri?a, Transportes y Telecomunicaciones y Vivienda y Urbanismo.
Esta estrategia fue elaborada en respuesta al compromiso del Acuerdo de París, ratificado el 10 de febrero, donde el país se comprometió a una reducción de 30% en la intensidad de sus emisiones al año 2030.
Para elaborar la propuesta se conto? con apoyo de cooperacio?n internacional y se contrato? a un equipo conformado por consultores nacionales y extranjeros, además de talleres te?cnicos y entrevistas con actores relevantes del a?mbito pu?blico y privado.
El 75% de las emisiones de CO2 en Chile son producidas por el sector energético, de ahí que este Ministerio haya liderado el plan, aunque hay otras medidas para otros organismos.
Los subsectores evaluados se corresponden con aquellos que comprenden el sector energi?a en el Balance de Energi?a del pai?s, es decir: generacio?n de electricidad, industria y mineri?a, transporte y sector pu?blico, comercial y residencial, según el documento, de casi 200 páginas.
Con la idea de desplegar las medidas entre 2018 y 2030, se estima que la inversión que significa llevar adelante todo el programa alcanza los US$12.900 millones, casi US$1.400 millones al año.
Los sectores ma?s intensivos en inversiones son transportes y comercial, pu?blico y residencial, ya que realizan importantes esfuerzos de desembolsos en infraestructura y en mejorar la calidad de las nuevas edificaciones, respectivamente.
En el caso de la infraestructura para transporte, el financiamiento puede ser aportes del Estado, concesiones, financiamiento internacional, o un mix, según el plan.
En lo que respecta al sector comercial, pu?blico y residencial, los costos recaerán principalmente en los hogares que debera?n cumplir con normas gradualmente ma?s exigentes.
Para el sector de generacio?n, la propuesta plantea que se debiese incorporar nueva capacidad renovable, mientras que para el caso de los sectores industriales y mineros, el esfuerzo de inversio?n recaería principalmente en los grandes consumidores y en la implementacio?n de distintas medidas asociadas a eficiencia energe?tica.
Se estima que la implementacio?n del plan conlleva beneficios econo?micos y sociales, adema?s de la mitigacio?n de gases efecto invernadero, destaca?ndose aquellos relacionados con seguridad energe?tica, bienestar de los hogares y menor contaminacio?n local.
“Los beneficios totales (ahorros) podri?an aumentar significativamente si se consideran beneficios monetarios de otras categori?as, como menores niveles de contaminacio?n local”, señala el informe.
Por ejemplo, se plantea que al sumar los requerimientos de inversio?n de cada sector con los beneficios por ahorro de combustible, se obtiene un valor anualizado neto del orden de menos US$ 900 millones a nivel pai?s, por lo que -se afirma- la poli?tica genera un mayor bienestar (costo neto negativo).
En particular, los sectores transporte, industria y mineri?a compensan los esfuerzos de inversio?n con ahorros mayores en consumo de energi?a, por lo que obtienen beneficios netos (costos netos negativos).
