El Gobierno estableció a través de un reglamento en el Boletín Oficial, las reglas para la “recuperación secundaria de petróleo”, una “actividad extractiva” remanente que queda en los pozos y que se realiza con agua a presión. De no controlarse, advierten, representa un riesgo de contaminación del agua que se encuentra en los acuíferos.
Si bien en la provincia la actividad petrolera se ejerce desde hace más de 80 años, uno de los temas pendientes era una regulación para el barrido de petróleo con agua.
Para este “reglamento de control y monitoreo de pozos inyectores” se tomó como referencia la legislación que existe en otras provincias petroleras, como Neuquén, Santa Cruz y Chubut
El jefe del Departamento de Hidrocarburos, de la Dirección de Policía del Agua del Departamento General de Irrigación (DGI), Osvaldo Campos, explicó que “La necesidad de contar con ese marco en la provincia es para asegurarnos que la inyección o recuperación secundaria con el agua de purga sea segura, se haga en pozos que mecánicamente estén aptos”, explicó ,.
El funcionario dijo que el objetivo es que el agua que se usa para el barrido de petróleo no se filtre. “Apunta a evitar el riesgo potencial de que esa agua migre hacia los acuíferos y contamine el agua dulce. Al tener tan elevado contenido de sales se produciría una contaminación en forma inmediata si se pone en contacto con el agua subterránea”.
En la provincia existen cerca de 200 pozos inactivos en reserva de recuperación secundaria. La recuperación secundaria es un método a partir del cual se inyecta “agua de purga” que barre este sedimento que queda en la roca y así permite recuperar más petróleo. El problema que puede presentar es que, por su contacto con el hidrocarburo, puede tener una elevada concentración de sal disuelta, cuya filtración puede contaminar el resto del agua dulce.
Osvaldo Campos, explicó que “Se han detectado anomalías y deficiencias en las instalaciones de los pozos inyectores, tanto en la integridad del casing (tubería de gran diámetro) como por pérdidas en sus instalaciones. Muchos de los pozos existentes no presentan la protección adecuada de los acuíferos existentes por medio de la cañería guía, lo cual representa un riesgo potencial de contaminación del recurso hídrico subterráneo y superficial”, advierte el nuevo reglamento e
n sus fundamentos.
Uno de los objetivos de este marco regulatorio para la actividad extractiva de hidrocarburos con este tipo de recuperación asistida es “neutralizar o en su caso minimizar la eventual afectación del recurso hídrico” y exige que las empresas garanticen que los pozos mecánicamente estén aptos. En caso de verificarse un incumplimiento, dispone de sanciones económicas para las empresas que extraigan el hidrocarburo, que “van de los $100 al millón de pesos”, según una resolución de Irrigación. La normativa también contempla apercibimientos, clausura y caducidad de la concesión del permiso.
Señaló Campos que “hay una serie de condiciones que no todos los pozos cumplen y tenemos que asegurarnos de que no sean un riesgo. Uno de los objetivos es que todos los pozos, independientemente de la configuración que tengan, estén aptos para inyectar”.
