En Colombia se viene dando, desde hace más de una década, la discusión de si se deberían explorar y explotar los yacimientos no convencionales que se encuentran en el territorio nacional. Por ahora, la forma de hacerlo sería mediante el fracturamiento hidráulico o fracking, una técnica que se implementa en Estados Unidos, Canadá y Argentina, pero que ha sido prohibida en Alemania, Suiza y Uruguay. Como parte de ese debate sobre la extracción de hidrocarburos de no convencionales y con fracking, hoy en la Comisión V del Senado se discuten tres proyectos de ley que frenarían por completo este tipo de desarrollos o que dilatarían aún más su ejecución.
El presidente de Naturgas, Orlando Cabrales, dijo que si estos proyectos prosperan y la explotación de no convencionales se prohíbe, el país no se quedaría sin reservas porque existen otras opciones como los convencionales y los off shore, pero sí se perdería capacidad de aumentar estas a un mayor ritmo. “Sería un error para el país no darse la posibilidad, bajo los parámetros del marco regulatorio, de desarrollar una fuente que parece ser promisoria”, señaló. El país cuenta con una autosuficiencia de alrededor de seis años en petróleo y de 11 años y medio en gas.
El gerente de ConocoPhillips Colombia, Alex Martínez, ha solicitado permisos para extraer hidrocarburos por medio de fracking en el Magdalena Medio, considera que esta técnica es una oportunidad para incorporar nuevas reservas y garantizar la seguridad energética del país. “Si no se le apuesta a los yacimientos no convencionales, Colombia tendría pérdida desde el punto de vista de inversión privada, no se generarían nuevos puestos de trabajo a nivel nacional y las regiones recibirían menos inversión social. También se perdería la oportunidad de incrementar las reservas de hidrocarburos que el país necesita de nuevas fuentes en un mediano plazo y potencialmente la generación de nuevas regalías”, destacó.
De los tres proyectos, el más moderado propone que no se adjudiquen zonas ni se entreguen licencias ambientales hasta que se realicen una serie de estudios técnicos como un inventario de las aguas subterráneas y de los acuíferos en el país, así como un estudio sismológico y de cartografía para identificar las posibles amenazas en las zonas en las que se harían estas prácticas. Otro de los proyectos busca prohibir la explotación de no convencionales con fracking y suspender todas las licencias que hayan sido otorgadas para pilotos o desarrollos con fracturamiento hidráulico.
Por su parte, Juan Samy Merheg, el senador colombiano que radicó este proyecto, considera que si bien el sector petrolero provee energía e ingresos para el país, la prioridad debería ser preservar la biodiversidad y el medio ambiente, pues no valdrían de nada unas mayores cuentas fiscales si el país es inhabitable. “Se han realizado estudios en otros países que no se pueden aplicar tal cual en Colombia porque no se tiene la misma composición geológica. Es necesario conocer y medir el impacto en la naturaleza y en la salud”, dijo.
El tercer proyecto de ley, busca prohibir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, ya sea con fracking o mediante otra técnica. Los 30 congresistas que respaldaron el proyecto señalaron en el documento que esta medida protegería el medio ambiente, la salud de los colombianos y evitaría conflictos socioambientales relacionados con estas actividades. Además, destacan que no están en contra de que se desarrollen los yacimientos convencionales.
Orlando Cabrales mencionó que desde que se abrió el debate hace una década, el país se ha venido preparando rigurosamente para evaluar su potencial en no convencionales y, si son viables, explotarlos de una manera responsable. “En Estados Unidos se comenzaron a desarrollar estos yacimientos sin regulación y se permitió que todas las empresas pudieran hacerlo. Aquí, en cambio, el marco regulatorio se realizó primero y solo podrían hacerlo las grandes empresas que demuestren su responsabilidad ambiental”, dijo.
En la regulación colombiana se estableció que los no convencionales deben estar a más de 500 metros, para proteger los acuíferos, mientras que en otros países están por lo menos a 100 metros. También se contempla que la técnica reutilice el agua, que los desarrollos se lleven a cabo a una distancia mínima de las fallas geológicas y que se controlen las emisiones de metano. Para ayudar a dar esta discusión, la comisión de expertos conformada por el Gobierno estará dando sus conclusiones a final de año, lo que podría ayudar a despejar el panorama.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los actos administrativos que el Gobierno utilizó para regular la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales por medio de fracking en el Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución n.° 90341 del 27 de marzo de 2014. Hasta que no se levante la suspensión, no sería posible realizar fracturamiento hidráulico en el país. La medida de suspensión se dio por ser una potencial causa de problemas en la salud humana y en el medio ambiente,
